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Referente a la noticia aparecida hoy día 30 de Mayo del 2012 en el diario El País: Cataluña crea un fichero para el control de prostitutas y clientes.

Desde la Asociación Aprosex, (Asociación de Profesionales del Sexo), queremos manifestar nuestra repulsa más absoluta y nuestra indignación por una ley que consideramos no sólo injusta, discriminatoria y criminalizadora, si no además absoluta y completamente estigmatizadora hacia lxs trabajorxs del sexo.

Nuestras compañeras en la calle, distraen, -dicen las mentes bienpensantes de nuestros políticos-, a los que pagamos un extraordinario sueldo todos los meses y aún cuando se jubilan, siguen cobrando, también de lxs trabajadorxs sexuales.

Distraen las putas en la carretera, tanto como los carteles advirtiendo de que hay hielo en la calzada, en pleno mes de agosto en la zona de Tarragona, todos lo hemos visto.
Tanto, como el Toro de Osborne, tanto como los ciclistas o aquellos que fervorosos, emprenden el Camino de Santiago.

Y nadie les multa.

Las putas molestan. Mejor que las apartemos de nuestra vista. Están buenas y enseñan cacha, a veces hasta un medio pecho, ¡qué vergüenza!, y sin embrago, ellas tienen derechos. El derecho individual a trabajar con seguridad y a mostrarse ante sus posibles clientes.

¿Acaso no lo hacen en nuestras carreteras, aquellos que en pleno verano, venden desde limones hasta sandías, pasando por melocotones y el resto de la huerta murciana?

Exigimos respeto hacia lxs Trabajadores Sexuales. Exigimos reuniones con los Ayuntamientos y la propia Generalitat para llegar a acuerdos.

No se pueden hacer leyes contra nosotrxs, sin contar con nosotrxs.

Hombres, mujeres, transexuales, maricones, travestís, captan en nuestras calles y carreteras a sus clientes, ganándose la vida. Eso sí molesta a los ejecutivos políticos estrechos de miras, a los que todos les pagamos un sueldo.

Espacios y horarios concertados, es lo que les hace falta a nuestras compañerxs en calles y carreteras, que la mayoría de ellxs trabajan por su cuenta y con esta ley, se verán obligadxs a exiliarse en pisos y clubes, dando el 50% de lo que generan a unos empresarios que no cotizan a la SS. por ellxs.

Desde APROSEX, exigimos competencia, profesionalidad, arraigo social, compromiso y responsabilidad a los políticos que, siempre se olvidan de que, las víctimas últimas de sus ataques pro-moral, son las mujeres y hombres que, de una manera digna y libre trabajan en el mundo de la prostitución, de manera voluntaria.

Barcelona a 30 de Mayo de 2012

Aprosex
www.aprosex.org
Mail: aprosex@aprosex.org

 

 

Anexo: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/29/actualidad/1338322425_506836.html

Cataluña crea un fichero para el control de prostitutas y clientes
Interior esgrime que es necesario para multar por el comercio sexual en la carretera
Las asociaciones critican la medida porque no ataja el problema

Macrorredada contra la prostitución en Barcelona en 2009. / GIANLUCA BATTISTA

La Generalitat de Cataluña tendrá informaciones en sus archivos referentes a personas que ejercen la prostitución y personas que pagan por ella. Una orden, publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), establece la creación de un fichero en el que constará el nombre y apellidos, el DNI, la dirección, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el tipo de infracción administrativa y “datos especialmente protegidos (naturaleza sexual)” de las personas que infrinjan el artículo 56.4 de la Ley de Carreteras.
Ese artículo tipifica como grave la ocupación de manera temporal de las zonas de dominio público de las carreteras para negociar servicios de naturaleza sexual porque supone un peligro para la seguridad vial. Y multa con hasta 30.000 euros tanto a clientes como a prostitutas. Se trata de una reforma pionera que aprobó el Gobierno de la Generalitat, liderado por Artur Mas (CiU), con la intención de prohibir la prostitución de carretera. La medida lleva aparejada también la polémica creación de un fichero donde constarán datos delicados sobre la vida sexual de las personas.
Esa información se usará, según se señala en el DOGC, para “recoger los datos de las denuncias, tramitar y resolver los expedientes sancionadores, recaptar las sanciones y extraer los datos para elaboraciones estadísticas”. “Ante este nuevo tipo de sanción, necesitamos un fichero”, explicó ayer una portavoz del Departamento de Interior, dirigido por Felip Puig. Los archivos serán de carácter confidencial y secreto. El fichero entra en vigor este miércoles lo que permitiría a los mossos empezar a multar en las carreteras.
El comprometido fichero está avalado por un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT, homóloga de la agencia española). “Ninguna duda puede ofrecer que la recogida de datos sobre determinadas personas como demandantes u ofertantes de servicios sexuales a cambio de remuneración permite identificar una persona, obtener un perfil sexual y puede suponer una amenaza para el individuo”, recoge el informe. “Piénsese, por ejemplo, en las repercusiones que una información de este tipo puede tener en el ámbito familiar, laboral o en la imagen social del individuo”, añade. Este tipo de datos, junto a las informaciones relativas al origen racial y a la salud, solo se pueden recoger por “razones de interés general”, esgrime la Autoridad. Pero a pesar de eso, la APDCAT considera que los motivos que esgrime la Generalitat, multar por poner en grave peligro la seguridad vial, habilita para su recogida. En su informe, solo pide a la Generalitat que haga una referencia explícita sobre la infracción que recoge el artículo 56.4 de la Ley de Carreteras y que se elimine la palabra “consulta” sobre los usos posibles de los datos. Algo que el Gobierno catalán ha aceptado.
El manejo de este tipo de datos ya ha sido objeto de polémica con anterioridad. El Ayuntamiento de Barcelona fue expedientado por la misma agencia que ha dado el visto bueno al fichero de la Generalitat porque recogía el DNI y la dirección de prostitutas y clientes a los que multaba en la calle, algo que el Consistorio recurrió. La diferencia entre ambos casos radica en que el Consistorio se regía por una ordenanza municipal, mientras que la Generalitat se apoya en una ley.
Distintas asociaciones y entidades lamentan que la Administración tenga en sus ficheros detalles tan sensibles sobre la vida sexual de las personas, sobre todo, de las mujeres. “Nosotros, normalmente, ni siquiera damos los nombres de las personas a las que tratamos. Es una forma más de estigmatizar a las mujeres”, se queja Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. “El tema se aborda como un problema para la seguridad vial, pero luego se recogen datos de otro tipo… Hay que tratarlo seriamente, desde una perspectiva de la problemática social”, se queja la portavoz de la entidad Genera, Clarisa Velocci. “Lo que más nos preocupa es que con toda la penalización y la criminalización hacia las prostitutas, al final terminen escondiéndose o las metan en pisos cerrados, en los que no se tenga acceso a ellas y eso las haga aún más vulnerables”, sentencia Helga Flamtermesky, del proyecto Mujer-Frontera.

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